Países de América Latina y el Caribe se comprometieron a reducir un 75 % las nuevas infecciones por VIH en adultos y jóvenes para el año 2020, según dio a conocer un comunicado conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).
Esta y otras propuestas fueron acordadas durante el segundo Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención del VIH, que se desarrolló la semana pasada en Río de Janeiro, Brasil y donde asistieron más de 150 representantes de los programas de VIH/SIDA de la región, redes y organizaciones de la sociedad civil, poblaciones clave y más afectadas por la epidemia, personas viviendo con VIH, comunidades académicas y científicas, programas, agencias de las Naciones Unidas, organismos internacionales y cooperantes bilaterales.
De acuerdo con el texto, los representantes de los países asistentes debatieron sobre las nuevas metas de prevención del VIH y cero discriminación para poner fin al sida como amenaza de salud pública para el 2030.
“Las infecciones nuevas y la mortalidad no están disminuyendo con tanta rapidez como desearíamos. La epidemia de VIH sigue estando concentrada en grupos específicos de la población para los cuales acceder y recibir los servicios que necesitan es problemático”, afirmó por su parte Marcos Espinal,
Director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS/OMS.
Según el informe, se estima que alrededor de dos millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe y que en el 2014 hubo aproximadamente unas 100 000 nuevas infecciones por VIH en la región.
Reconociendo que el prejuicio, el estigma y la discriminación vinculados con el VIH/SIDA agravan la epidemia y son barreras significativas para el acceso a servicios, los participantes del foro consensuaron además metas de cero discriminación, que incluyen: que no se apruebe ninguna nueva ley, reglamento, o política que pueda ser usada para discriminar a personas con VIH o poblaciones clave
Que todos los países tengan un sistema financiado de monitoreo para abordar la discriminación de los trabajadores de salud hacia las personas con VIH y las poblaciones clave; que el 75 % de los países reduzcan el número de actos de violencia/crímenes de odio contra personas que viven con o estén afectadas por el VIH, incluyendo personas LGBTI y trabajadoras sexuales.
Y que el 90 % de los países tengan sistemas, políticas y/o legislación protectoras con mecanismos para denunciar y resolver las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las relacionadas con el VIH y las poblaciones clave.
