La venta de medicamentos falsos y contrabandeados mueve en el país mil millones de pesos al año, y se ha constituido en el principal problema que enfrente el sector farmacéuticos y los consumidores, denunció este domingo la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF).
La ARAPF, que preside Henry Suárez Ruiz, dijo que el problema se ha incrementado significativamente en los últimos doce a 18 meses, lo cual representa un grave riesgo para la salud de los dominicanos.
La institución acusa a la Dirección General de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública de no dar salida a unos 7,000 expedientes de solicitudes de registro sanitario, de los cuales, según asegura, alrededor del 80% corresponde a medicamentos que han estado en el mercado por muchos años. “Por tanto, su eficacia, inocuidad y seguridad son ampliamente conocidas y además, ya pagaron los impuestos requeridos para su tramitación”, significa
La entidad dice que esta acumulación de expedientes no es responsabilidad exclusiva de la presente gestión, sino que ha venido produciéndose durante los últimos tres años, por lo que sugiere que se busque una solución consensuada al problema, y que le reitera al ministerio de Salud Pública, su disposición de aportar sus mejores esfuerzos institucionales para enfrentar de manera decidida esta mala práctica, que como hemos señalado, conlleva un grave riesgo para la salud de todos los dominicanos.
En un comunicado dirigido al ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, la asociación también destaca que la norma que regula la publicidad y promoción de medicamentos y productos de higiene personal y del hogar fue publicada sin haber terminado el proceso de consenso iniciado entre las autoridades y los representantes empresariales.
Más de 20 mil productos sin registro
La reacción de la ARAPF se produce luego que la Fundación Prensa y Derecho denunciara la semana pasada que más de 20 mil productos farmacológicos y alimenticios se comercializan en el mercado dominicano sin registro sanitario, ni etiquetado en español con la información sobre componentes de fabricación, plazos de vencimientos y situaciones de peligrosidad potenciales.
El abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación, afirmó que esa situación expone a la ciudadanía a riesgos invaluables por la alteración de productos de todo tipo, lo que ha motivado que en dos ocasiones hayan emplazado al Ministerio de Salud Pública a cumplir con las leyes General de Salud y de Protección de los Derechos de los Consumidores, sin que hasta el momento se haya obtenido ninguna respuesta.
El pasado miércoles, la entidad que realizó la investigación “Situación de los Consumidores Dominicanos Respecto del Derecho a la Información y el Deber de Seguridad en Productos Alimenticios y Farmacológicos”, volvió a interponer un acción de amparo en el Tribunal Superior Administrativo para que las autoridades retiren del mercado estos productos y que se hagan los aprestos de lugar para crear una norma que regule el etiquetado.
Pro Consumidor admite fallos
De su lado, la directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, admitió que el cumplimiento con el etiquetado y registro sanitario es todavía una tarea pendiente, pero aseguró que las autoridades trabajan para aplicarlo de forma cabal a finales del mes de noviembre.
“Nosotros, las autoridades, hemos sido quienes hemos fallado para que los suplidores de productos cumplan con el etiquetado”, puntualizó la funcionaria
El Estado también pierde
Mientras tanto, el viceministro de Salud Ambiental, doctor Roberto Berroa, afirmó la semana pasada que en los últimos 10 años grandes almacenes, supermercados e importadores de productos de consumo han dejado de pagar al Estado más de RD$1,000 millones al dilatar el inicio de trámites para el registro sanitario.
Berroa apuntó en la ocasión que “hay grandes almacenes de capitales extranjeros” a los que se les han contabilizado más de 3,000 productos sin registros sanitarios.
Ley del Consumidor exige el etiquetado
Los directivos de la ARAPF han hecho gestiones para reunirse con el ministro de Salud Pública, pero no han obtenido respuesta. El artículo 84 de la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor (358-05), en su capítulo VII de Información y Educación de los Consumidores, establece que todo proveedor de bienes y/o servicios está obligado a proporcionar al consumidor o usuario en la etiqueta o soporte similar, una información, por lo menos, en idioma español, clara, veraz, oportuna y suficiente sobre los bienes y servicios que oferta.
