Santo Domingo, RD.- La Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA) alertó a la ciudadanía sobre el incremento de enfermedades por el uso masivo de la hookah, lo que dice es motivo de preocupación.
El titular de la PEDECSA, Rafael Brito Peña, dijo que aunque son muchos los temas que afectan la salud de los ciudadanos, el del consumo y comercialización descontrolado de la hookah es motivo de preocupación.
“Los reportes médicos de daños son alarmantes, por eso, aspiramos a que la República Dominicana cuente con una legislación en este sentido, que permita que la justicia aplique por su uso y venta un tipo penal a este hecho punible”, expresó el magistrado Brito Peña.
En abril de este año el Ministerio de Salud Pública emitió la resolución número 000003-2017, que regula el uso de la “hookah o pipa de agua” en lugares cerrados bajo techo y de uso colecto público y privado, pero el magistrado Brito Peña, señala que esa resolución solo permite a las autoridades incautarlas, pero no procurar sanción contra los usuarios ni los vendedores.
Según una investigación realizada por Gallup República Dominicana, el 66 por ciento de los jóvenes en edades de 18 a 24 años fuman hookah, refiere la Procuraduría de la Salud.
Al mismo tiempo, indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que el uso de la hookah provoca múltiples males como enfermedades cardiovasculares y respiratorias, cáncer pulmonar y oral y dependencia a la nicotina.
La PEDECSA es una institución apéndice de la Procuraduría General de la República, cuya misión es investigar y procurar sanción contra aquellas entidades y personas que con su accionar provoquen daños a la salud de los ciudadanos.
Dicha dependencia funciona en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, bajo las directrices del procurador general de la República, Jean Rodríguez.
OTRAS ACCIONES DE LA PEDECSA
El titular de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, informó también que continúan atacando otras problemáticas como el de los medicamentos falsificados, el contrabando de bebidas alcohólicas y la venta de alcoholes falsificados.
Desatacó en ese orden, que como parte de las acciones puestas en marcha, este año la PEDECSA ha cerrado 97 establecimientos de expendio de alimentos y bebidas, entre ellas plantas de hielo y agua, la mayoría por operar con malas prácticas.
Sus estadísticas reportan que esa procuraduría especializada ha procesado en lo que va de año 57 casos de comercialización de medicamentos falsificados, 61 por alimentos y bebidas no alcohólicas, 62 por bebidas alcohólicas y 105 casos por contrabando de cigarrillos.
“Trabajamos 411 casos con 7 sentencias condenatorias de hasta cinco años de prisión repartidos a nivel nacional”, manifestó el magistrado Brito Peña.
Explicó que dichas acciones fueron realizadas durante 2,957 operativos y allanamientos desarrollados de manera coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y los organismos de investigaciones e inteligencia del Ministerio de Defensa.
ALERTA COMPRAS POR INTERNET
El magistrado Brito llamó a la población que compra medicamentos por páginas de internet a ser cuidadosos, ya que esa procuraduría detectó numerosos productos falsificados que son enviados mediante a usuarios de compras por la vía electrónica.
“También damos seguimiento a casos de equipos tecnológicos comprados por esta vía, que provocan daños a los usuarios como el de las baterías de celulares y cargadores que explosionan”, añadió el magistrado Brito Peña.
“Para luchar contra esta criminalidad organizada, el Ministerio Público cuenta con buenas herramientas como la Ley General de Salud 42-01, que contempla penas de hasta 10 años en adulteración y falsificación tanto de medicamentos como de bebidas alcohólica; la Ley 34-89 sobre contrabando del Sistema General de Aduanas y también la Ley de Alcoholes 243 y la nueva Ley de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, indicó Brito.
