Santo Domingo, (R. Dominicana).- El presidente Danilo Medina dedicó una parte importante de su discurso en la VII Cumbre de las Américas, que se celebra en Panamá, a fijar posición frente al problema del narcotráfico en la región y llamó a considerar con el mismo rigor que a cualquiera otra, la experiencia de legalización de algunas drogas llevadas a cabo por países como el Uruguay y varios estados de los Estados Unidos.
Citando estadísticas de las Naciones Unidas, Medina relevó la influencia del narcotráfico en la violencia que afecta a la región, así como la inversión de recursos a que obliga combatirlo, en ocasiones en descuido de otras urgencias sociales.
“Quiero enfatizar que la República Dominicana está decididamente implicada en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Prueba de ello son las constantes incautaciones realizadas por nuestros cuerpos de seguridad así como la prioridad que siempre le damos a la cooperación en esta materia en nuestras relaciones diplomáticas, especialmente con los Estados Unidos”, dijo Medina.
Apunto a seguidas que, sin embargo, a nadie escapa que las naciones del continente tienen otras urgencias en áreas como la salud, la educación, la energía e incluso en otros aspectos de la seguridad ciudadana. No obstante, dijo Medina, aunque cada año los países dediquen ingentes recursos públicos, nunca podrán igualar a los que mueve en el negocio de la droga el crimen organizado, que en ocasiones sobrepasa el producto interno bruto de muchos países americanos.
“En este combate asimétrico entre Estados frágiles y organizaciones criminales con recursos enormes, se genera el círculo de la corrupción, la debilidad institucional y la pobreza. Es sin duda un factor clave en la desintegración social que viven muchos de nuestros países, y su permanencia se salda cada año con la muerte de miles de personas, la mayoría jóvenes”, agregó Medina.
Hechas otras consideraciones sobre el efecto social y económico pernicioso del narcotráfico, el presidente afirmó que no se puede permitir que este tema siga dominando las conversaciones de los gobiernos año tras año ante el escepticismo y la frustración creciente de los pueblos, sin que se abran nuevos debate y exploren nuevos caminos.
“Por ello –dijo Medina—saludamos que la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos haya aprobado el año pasado un documento que llama a considerar la lucha contra el narcotráfico en sus dimensiones de prevención, de salud pública, de rehabilitación penal así como la necesaria evaluación sistemática de resultados”.
Fue en este contexto de análisis que el presidente Medina afirmó que “yendo más allá, naciones como Uruguay y algunos estados de los Estados Unidos han decidido experimentar con la legalización de algunas sustancias en un intento de minimizar la influencia de las organizaciones criminales”.
“Estas son experiencias –apuntó— que deberán ser evaluadas con el mismo rigor que las demás, incluyendo su impacto sobre la salud de la población y los índices de criminalidad”, relevando a seguidas que ha llegado la hora de dejar de exigir que los países que se encuentran en la ruta de los flujos del narcotráfico sean los que paguen el mayor precio por un problema que es transnacional.
“Esperar que sean nuestras instituciones y nuestros presupuestos nacionales los que lleven el peso de esta lucha no solo es injusto, sino también poco realista. Si esta lucha ha de ser tomada en serio es necesario que su coste sea compartido de forma equitativa por todos los países involucrados, especialmente por aquellos cuya demanda interna es la que pone en marcha el conjunto de la maquinaria del narcotráfico”, afirmó Medina.
Señaló a seguidas que no es aceptable que mientras son las sociedades regionales las que pagan el precio más alto en víctimas y violencia, el negocio siga creciendo en los países de destino a la sombra de los ingentes ingresos que genera la droga.
Recordó que se calcula que el volumen total de narcodinero que se mueve en el continente se divide aproximadamente en un 20 por ciento que se queda en los países productores y en los que sirven de ruta y un 80 por ciento que se queda en los países de destino.
“Entendemos por esto que de la misma forma que compartimos el deseo y la urgencia de ver este tema solucionado de una vez y por todas, es necesario que participemos todos con el mismo nivel de responsabilidad y cada uno de acuerdo a sus posibilidades”, concluyó sobre el tema.
