Los riesgos para la salud del cigarrillo electrónico y su falta de regulación (impuestos, zonas de uso, efectos en el organismo, límites a la publicidad) comparado con el tabaco convencional preocupan a los especialistas en salud pública. Más de un centenar de ellos, entre los que se encuentran referentes mundiales de esta especialidad, han remitido una carta a la presidenta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, en la que piden que se refuerce el control sobre este producto, cuyo consumo crece de forma exponencial.
Además, advierten de que esta actividad puede estar siendo utilizada por la industria tabacalera como una estrategia para diversificar su negocio: “Al desplazarse hacia el mercado del cigarrillo electrónico, la industria está intentando preservar sus prácticas depredadoras e incrementar sus beneficios”.
Los autores del escrito ponen como ejemplo a seguir a los países que han adoptado las medidas más restrictivas. Como Australia, que prohíbe la importación y venta de cartuchos que contengan nicotina. O Brasil y Turquía, que vetaron la importación, venta y publicidad relacionada con estos dispositivos hasta que los fabricantes ofrezcan información sobre la seguridad de estos productos.
A finales de febrero, Bruselas dio el primer paso para sacar del limbo legal al cigarrillo electrónico y aprobó una directiva que exige, entre otros aspectos, que se informe en el etiquetado de todos sus componentes y posible peligrosidad. El Ministerio de Sanidad está trabajando en su transposición, según trasladaron ayer fuentes de este departamento a EL PAÍS. Al margen de ello, la Ley para la Defensa de los Consumidores prohibió desde marzo el uso de estos productos en centros educativos y sanitarios, zonas infantiles, espacios de las administraciones públicas o en el transporte público.
El escrito dirigido a la presidenta de la OMS, con fecha del martes, es una respuesta a una carta anterior, también remitida a Chang por 53 “especialistas en nicotina y en políticas de salud pública”, tal y como se definen, que defienden que el vapeo —como se conoce el acto de fumar estos cigarrillos— puede servir como un sustitutivo menos perjudicial que el tabaco e incluso ser útil para dejar de fumar. “No queremos que por elaborar una regulación para prevenir un riesgo mínimo [los peligros asociados al vapeo] se pierda el potencial de uso de estos dispositivos”, relata Guillermo González, uno de los firmantes. González es psiquiatra de la clínica San Miguel de Madrid y miembro de la Asociación de Usuarios del Cigarrillo Electrónico Anesvap. “No tenemos detrás a la industria tabaquera”, señala.
Frente a estas tesis se han alzado 139 figuras del ámbito de la salud pública como Peter Allebeck, del Instituto Karolinska (Suecia), John Ashton, de la Facultad de Salud Pública del Reino Unido o José María Martín-Moreno, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Valencia y asesor de la oficina europea de la OMS. También se encuentra entre los firmantes Carlos Artundo, consejero delegado de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
“Lo que sabemos de momento sobre el efecto directo en la salud de los cigarrillos electrónicos no nos tranquiliza nada”, comenta Artundo. La carta insiste en esta idea al plantear que la falta de conocimiento detallado de efectos adversos en la salud de estos dispositivos no implica que no existan. Su aparición en el mercado es tan reciente que “aún no ha pasado suficiente tiempo como para determinar que efectos tienen y su magnitud en la población”, recoge el escrito. Por contra, señala, sí está demostrado que son dispositivos que liberan sustancias tóxicas que perjudican a la salud. Por ejemplo, propilenglicol, nitrosaminas específicas del tabaco, nicotina, compuestos volátiles orgánicos, así como benceno, niquel o plomo.
La carta también refleja la “insuficiente evidencia” que existe de que estos dispositivos sean eficaces como un método para abandonar el hábito del tabaco. Y recuerda que estrategias anteriores planteadas por la industria como métodos de reducción de daños, como por ejemplo fueron los pitillos con filtro o bajos en nicotina, no redujeron los efectos perjudiciales para la salud en los consumidores, a pesar de trasladar una sensación de mayor protección.
