República Dominicana carece de estadísticas oficiales confiables sobre su población de menores con condiciones del neurodesarrollo, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta situación preocupa a la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, que advierte que sin datos no pueden diseñarse políticas públicas eficientes.
Las familias con menores que presentan estas condiciones conocen de cerca esas deficiencias. Aunque cada caso es distinto según el grado de la condición, todas viven el mismo drama de desamparo al enfrentar los retos que impone el espectro.
?La realidad universal de las familias que tienen niños con TEA en República Dominicana es ahora mismo dramática, porque contamos con una ley que está soportada sólo en papel?, afirmó la periodista Margarita Quiroz, madre de una adolescente con TEA y miembro de la Mesa del Diálogo por el Autismo.
?Las familias TEA vivimos agotadas emocional y económicamente, sacamos fuerzas de donde no tenemos para sacar a nuestros niños adelante ante el desamparo total, pero seguimos adelante por el amor que sentimos por nuestros hijos?, agregó.
Quiroz aclaró que no se busca recibir apoyo económico, sino respaldo para trabajar con estos niños y jóvenes para que logren una vida autónoma, y que instituciones gubernamentales como los Ministerios de Educación y Salud Pública y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) respondan a su favor.
La periodista señaló que las familias asumen el soporte que debería venir del gobierno. Incluso en los casos más leves de autismo, la inversión mensual supera los 100 mil pesos, destinados a medicamentos, terapias por hora, alimentación adecuada y, en muchos casos, tratamientos psiquiátricos y estudios neurológicos.
?La realidad es fuerte para cada familia, difícil, y más cuando se enfrenta solo, porque dentro de las familias hay muchas madres solteras, porque en algunos casos son abandonadas por su pareja, emocional y económicamente, y en otros, son viudas o viudos?, lamentó.
Denunció que, a pesar de que la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con TEA fue promulgada y ya se aprobaron sus reglamentos, no se han asignado fondos a las instituciones encargadas de aplicarla, por lo que la normativa sigue sin ejecutarse.
El pasado 5 de junio, la Mesa de Diálogo por el Autismo, dirigida por el periodista Fernando Quiróz, hermano de Margarita, denunció que se cumplían tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sin que el Estado haya implementado aspectos esenciales de la norma.
En un comunicado, la entidad señaló como principales incumplimientos la ausencia de una asignación presupuestaria específica, la falta de un registro nacional actualizado de personas y familias con autismo, la inexistencia de programas permanentes de formación de profesionales, la falta de una red nacional especializada de servicios y los obstáculos para acceder a educación inclusiva.
La Mesa recordó que en julio de 2025 el presidente Luis Abinader expresó que se buscarían recursos en el Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley en 2026. Sin embargo, las familias aún esperan conocer las partidas y acciones concretas.
La organización sostuvo que los costos de evaluaciones diagnósticas, terapias, consultas y servicios de apoyo siguen siendo inalcanzables para la mayoría, convirtiéndose en un privilegio para quienes pueden pagarlos.
La única excepción ha sido el programa SeNaSa InTEgrA, que cubre solo a 3,000 niños hasta los 10 años. La Mesa consideró que, aunque positiva, no sustituye las obligaciones de la Ley 34-23.
?La República Dominicana tiene una ley y tiene un reglamento, pero miles de familias continúan enfrentando prácticamente solas los costos, la incertidumbre y las barreras que la propia legislación procura eliminar?, indicó.
La Ley 34-23 asigna responsabilidades a CONADIS, Ministerios de Salud Pública y Educación, Trabajo, INAIPI, CONANI, CONAPE, CAID, la Oficina Nacional de Estadística y las instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social, incluyendo SeNaSa, las ARS y la DIDA.
La normativa contempla protección social, ampliación de coberturas de salud, formación de recursos humanos, registro nacional, inclusión educativa, sanciones por discriminación y centros de acogida para personas con TEA en situación de vulnerabilidad.
?Detrás de cada artículo que permanece sin aplicación hay una familia que sigue esperando respuestas. Hay padres que pagan terapias con enormes sacrificios, madres que desconocen qué ocurrirá con sus hijos?, concluyó el texto.
