APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -Siempre ha sido nuestra convicción que la ciencia y la ética deben caminar juntas para que la esperanza no sea un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho de todos. En esa misma línea advertía Martin Luther King Jr. que, de todas las formas de desigualdad, la injusticia en la atención sanitaria es la más impactante y la más inhumana.
Cuando hablamos de injusticia en la atención sanitaria resulta inevitable referirnos a la situación de los pacientes diagnosticados con cáncer. En República Dominicana esta enfermedad representa uno de los mayores desafíos de salud pública, con una incidencia que se mide en miles de nuevos casos cada año. De acuerdo con Globocan 2022- la iniciativa de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo dependiente de la OMS- los tumores más frecuentes son el de mama, próstata, cérvix, colorrectal y pulmón. Más allá de las cifras, lo dramático es que buena parte de estos diagnósticos se realizan en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de recuperación o curación y eleva los costos económicos y humanos de la enfermedad.
La mortalidad asociada al cáncer en nuestro país continúa siendo alarmantemente elevada, arrebatando cada año la vida de miles de dominicanos. Entre la fragilidad de una existencia marcada por la incertidumbre y el desenlace inevitable, numerosos pacientes transitan un camino de dolor físico y de profunda angustia emocional. Se trata de un sufrimiento que, demasiadas veces, presenciamos como testigos silenciosos, incapaces de ofrecer más que una mirada compasiva ante una realidad que interpela nuestra conciencia colectiva.
Frente a este panorama la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom) anunció la elaboración de protocolos de manejo para pacientes oncológicos. Estos documentos técnicos establecen de manera sistemática las pautas para prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los distintos tipos de cáncer. Se construyen a partir de la mejor evidencia científica y del consenso de especialistas, con el fin de unificar criterios clínicos y evitar improvisaciones o desigualdades en la atención. Incluyen desde recomendaciones sobre pruebas diagnósticas según el tipo y la etapa de la enfermedad, hasta indicaciones sobre los tratamientos más efectivos disponibles, como cirugía, quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. También ofrecen guías sobre dosis, esquemas de aplicación, cuidados de soporte y criterios de referencia a centros especializados, asegurando un proceso de atención integral y coherente en todo el país.
Esta crucial iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Programa de Medicamentos de Alto Costo. El propósito declarado es homogenizar criterios clínicos y estandarizar la atención, garantizando un tratamiento oportuno, ético y equitativo, adaptado a las mejores prácticas internacionales pero ajustado a la realidad dominicana.
La presidenta de la Sociedad, doctora Ángela Cabreja, expresó que el objetivo de esta iniciativa es garantizar mejores resultados para los pacientes con criterios de equidad e innovación. Recordó además que se retomó el compromiso de elaborar las Guías de Práctica Clínica de Oncología, concebidas como un instrumento esencial para orientar tanto las decisiones médicas como las administrativas en el sistema de salud. Por su parte, el oncólogo César A. Núñez Rojas, reconocido por su trayectoria profesional y su entrega al servicio de los más necesitados, hizo un llamado a trabajar con rigor científico y compromiso humano a fin de transformar la atención oncológica en un cambio cualitativo que alcance a todos los dominicanos.
El Estado dominicano muestra hoy avances importantes en programas de prevención y cobertura. Un ejemplo claro es Chequéate, que hasta diciembre de 2024 permitió realizar pruebas de detección a más de cien mil personas en todo el territorio nacional. El Programa de Medicamentos de Alto Costo es también una iniciativa significativa al ofrecer terapias gratuitas de última generación a más de dieciséis mil pacientes. Senasa amplió su cobertura catastrófica a dos millones de pesos por evento, una medida presidencial loable que beneficia a más de siete millones de afiliados.
En lo respecta a Senasa, junto al mencionado logro en cobertura, salen a la luz denuncias e investigaciones por presuntas irregularidades en su administración. El Ministerio Público y distintos medios de comunicación informan sobre posibles casos de doble contabilidad, uso fraudulento de datos de afiliados, contratos irregulares y autorizaciones de procedimientos médicos no realizados pero facturados como tales. Aunque estos procesos se encuentran aún en etapa de pesquisa, su sola existencia genera preocupación y erosiona la confianza ciudadana en un seguro del que dependen cientos de miles de dominicanos de escasos recursos. Para ellos el acceso a medicamentos y tratamientos oncológicos no es un lujo sino un derecho vital.
Junto a los mencionados progresos persisten desafíos que no se pueden ignorar, como las listas de espera para acceder a diagnósticos y tratamientos, la desigualdad regional en la disponibilidad de servicios especializados y las denuncias de prácticas indebidas por parte de algunas aseguradoras.
Los anunciados protocolos de Sodom buscan corregir la fragmentación actual. Al estandarizar la atención se puede reducir la mortalidad con diagnósticos más tempranos, optimizar recursos evitando duplicidad de estudios y tratamientos inadecuados, y garantizar justicia social para que cada paciente reciba la misma calidad de atención sin importar su lugar de residencia.
El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en República Dominicana. La iniciativa mencionada recuerda que no basta con disponer de medicamentos costosos o de tecnología avanzada si no existe un marco que ordene y unifique la atención. La clave está en protocolos claros, criterios éticos sólidos, continuado compromiso estatal y voluntad de estandarizar los procesos de manera justa. A ello se suma una exigencia irrenunciable para el sistema de salud: contar con funcionarios íntegros y médicos con auténtica vocación de servicio.
Solo en ese cruce entre ciencia, ética y probidad institucional la esperanza podrá dejar de ser un privilegio y convertirse en un derecho efectivo para cada paciente oncológico del país.
