(CNN Español) – Como una malla generalizada de corrupción: así describió a la vicefiscal general de Colombia, María Paulina Riveros, las irregularidades que padece el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país. Durante su intervención en un foro sobre esta política este martes, Riveros reveló que hay procesos investigativos en 13 de los 32 departamentos del territorio, específicamente sobre 26 contratos para prestar el servicio de alimentación.
“Las irregularidades en el #PAE no son un tema aislado, son actuaciones premeditadas que se repiten en varias regiones del país. Actualmente, #Fiscalía tiene investigaciones en 13 departamentos”: Vicefiscal María Paulina Riveros en el foro Control Fiscal para la Paz @AuditoriaGen pic.twitter.com/m9pyuCGDYC
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 27, 2018
“Hemos encontrado que no se trata de un tema aislado, sino de un tema premeditado que se repite en varios departamentos del país con las mismas modalidades e incluso con los mismos sujetos”, sostuvo la funcionaria antes de revelar que hasta el momento, hay 86 capturas, 93 imputaciones y 30 personas procesadas, entre los que se encuentran un alcalde municipal y tres secretarios de educación. Pero, más allá de las cifras, ¿cuáles son los fraudes que se están cometiendo con la alimentación escolar?
Para empezar, hay que aclarar que el programa, bajo el mando del Ministerio de Educación, distribuye más de seis millones de raciones de alimentos en las instituciones públicas del país. Es decir, del PAE depende la alimentación de todos los estudiantes oficiales y es clave para su permanencia en el sistema educativo. Sin embargo, la manera en que se ejecuta ha sido cuestionada por varias autoridades, específicamente por los contratos en varios territorios.
Según Riveros, las irregularidades halladas –que, recordó, también constituyen delitos– se pueden distribuir en cuatro grandes modalidades:
1. Irregularidades con trascendencia penal: se trata de contratos que no se ejecutaron completamente, ya sea porque no se entregó el total de los paquetes alimentarios pactados, o se sustituyó un producto por otro de menor valor o se redujeron las raciones. Incluso, hay suministro de alimentos en estado de descomposición.
2. Falsa facturación: aquí se alteran las cantidades y valores de los productos, según explicó Riveros, con la complicidad de los proveedores. También hay duplicación de facturas.
3. Inconsistencias en el talento humano: aquí los fraudes consisten en contratar un número deficiente de personas para atender a los usuarios, reportar salarios por un valor superior al realmente pagado, o que el personal altamente calificado presentado en el contrato no sea de hecho el que lo ejecuta.
4. Fraude en la contabilidad: la alteración en los estados financieros y el no reporte de utilidades de las fundaciones sin ánimo de lucro.
De hecho, la vicefiscal explicó que estas prácticas pueden derivar en cinco delitos: concierto para delinquir, peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedades documentales. Sin embargo, aclaró que esto puede variar en cada caso de los imputados.
En la misma línea, la Auditoría General pidió a las contralorías territoriales ponerles la lupa a más de 600.000 millones de pesos (210,5 millones de dólares) del programa. El auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, sostuvo que se han encontrado inconsistencias en la información suministrada sobre recursos ya ejecutados en el PAE, lo que “está dejando dudas al respecto de las cifras. Queremos revisarlas en detalle con los contralores territoriales, por tal razón nos reuniremos con el Ministerio de Educación, Controlaría General, Procuraduría y Fiscalía, para coadyuvar en el control a los recursos”.
Un problema que no es nuevo
Sin embargo, esta no es la primera vez que el PAE queda en el ojo del huracán por cuenta de las irregularidades. En abril de 2016 un video causó indignación en el país, pues se veía a los niños de una escuela posando con un plato de comida para una fotografía pero después les entregaban una merienda mucho más escasa. Ese mismo mes, el Ministerio de Educación denunció tres redes de alimentación escolar que operaban en la Costa Atlántica y Norte de Santander.
Según explicó la entonces ministra Gina Parody, se trataba de operadores que hacían ciertas maniobras para “ocultar información relacionada con posibles incumplimientos al momento de ser seleccionados para operar el PAE” y que les permitía seguir en los contratos.
Y en agosto de 2015, una investigación de la Defensoría del Pueblo en escuelas de 13 municipios del país reveló las pésimas condiciones en la alimentación de los estudiantes: alimentos en descomposición, raciones que no tienen los requisitos nutricionales, pésimas condiciones de higiene en las cocinas.
El Ministerio de Educación le entregó este 24 de febrero una propuesta a la Procuraduría General de la Nación para reformar el programa, en la que se incluyó la generación de mecanismos que permitan más transparencia en el uso de los recursos, así como la administración de los mismos en las 95 entidades territoriales, donde se ejecutan los contratos.
