La primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, lloró desconsoladamente al recibir en su despacho a los padres de una niña de 11 años que fue violada y asesinada la semana pasada por un delincuente en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
"Nunca va salir, vamos a luchar por eso... lo lamento tanto, lo lamento tanto", dijo Aráoz en medio de un llanto profuso al abrazar a la madre de la pequeña víctima.
La primera ministra se dirigió, de inmediato, a un ambiente privado junto con los padres y los hermanos de la niña, quienes llegaron al frente de una marcha ciudadana hasta la Plaza de Armas de Lima para dejar un memorial en el despacho del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
Al término del encuentro, Aráoz declaró que la familia sufrió un "tema horrible, muy doloroso y emblemático para nosotros" y aseguró que el caso no quedará impune.
"Ese hombre, ese criminal, tiene que (ir a la cárcel) con la pena máxima, que es cadena perpetua", enfatizó.
La primera ministra reiteró que el Gobierno va "a apoyar a la familia para que este señor termine en la cárcel y se pudra en la cárcel, porque no hay razón para que un tipo tan desgraciado siga en las calles haciendo peligrar la vida de otras personas".
Aráoz también le pidió a las autoridades judiciales que creen un registro de agresores sexuales para que la población esté informada de los sujetos peligrosos y "las familias estén prevenidas".
La conmoción que ha generado la violación y asesinato de la niña reavivó los pedidos para que el Congreso debata la pena de muerte para los responsables de este tipo de crímenes en el país.
El pasado domingo, Aráoz declaró que "desearía darle la pena de muerte" al violador y asesino, porque lo consideró "un tipo detestable e individuos como ese no deberían existir".
Sin embargo, remarcó que el Gobierno tiene la responsabilidad de cumplir con los compromisos adoptados en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, que prohíbe la pena capital.
La familia de la pequeña convocó para hoy a una marcha de protesta contra las violaciones y asesinato de menores, y para pedir a las autoridades medidas drásticas contra los violadores sexuales.
La marcha fue apoyada por cientos de ciudadanos en Lima y también fue seguida por grandes grupos de personas en varias ciudades del interior del país, como la centro andina Huancayo.
La niña fue secuestrada el pasado jueves 1 de febrero a la salida de un taller de verano que se realizaba en la comisaría policial de Canto Rey, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y al día siguiente se encontraron sus restos carbonizados cerca del lugar.
La dirección de la Policía Nacional reemplazÓ hoy a todos los agentes destacados en ese comisaría y anunció investigaciones internas para determinar si hubo negligencia y no se cumplieron los protocolos de seguridad que debía otorgarse a los niños.
La Policía detuvo el domingo pasado en la región sureña de Ica a César Alva Mendoza, de 37 años, quien confesó el crimen luego de ser retirado de la zona en una avioneta después de que los pobladores intentaran lincharlo.
El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, anunció que se ha dispuesto el apoyo de fiscales y peritos para resolver el caso con celeridad y lograr que "caiga todo el peso de la ley sobre el culpable" porque "un crimen así jamás debe quedar impune".
En Perú se reportaron 3.125 casos de violación sexual de enero a septiembre del 2017, de los cuales 2.160 fueron a menores de 17 años, de acuerdo a un reporte de los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional.
